La Usco bajo la lupa

La Contraloría General de la República realizó una extensa auditoría en la Universidad Surcolombiana (Usco), que arrojó serios cuestionamientos frente al manejo administrativo del alma máter. El rector de la institución académica, Eduardo Pastrana Bonilla, analizó con LA NACIÓN los hallazgos más significativos y expuso sus argumentos frente a la evaluación del ente de control.

Los fondos especiales, la extensión, investigación y el fomento de la educación superior de la Universidad Surcolombiana, fueron sometidos a una rigurosa auditoría por parte de la Contraloría General de la República, que arrojó 37 hallazgos administrativos: cinco con alcance fiscal por 854 millones de pesos, 21 de connotación disciplinaria, uno con incidencia penal, uno sancionatorio y uno último de advertencia.

Al respecto, el ingeniero Eduardo Pastrana Bonilla, rector de la institución académica, analizó las observaciones del ente de control y expuso los argumentos de su administración. Asimismo, abordó aspectos polémicos que han tenido a la Usco en el ojo del huracán, durante las últimas semanas.

Ø ¿Por qué la Usco ejecutó convenios interadministrativos con entidades territoriales sin tener la competencia, ni la experiencia, como las interventorías técnicas duramente cuestionados por la Procuraduría en los últimos días?

“A la Gobernadora del Huila la sancionaron, no porque la universidad no tuviera la competencia para los contratos, sino porque ella no la verificó. Nosotros tenemos nuestro propio estatuto de contratación y nunca se violó. Los procesos que realizó la Procuraduría fueron archivados porque no se infringió la normatividad interna.

La universidad sí contrató con terceros, pero no cualquier tercero, se contrató con egresados y en las normas internas de cualquier entidad de educación superior, los egresados hacen parte de la comunidad académica, al punto que tienen un representante de los egresados en los órganos de dirección. Ese fue uno de los atenuantes que tuvo la universidad en los análisis que realizó la Procuraduría.”

Ø ¿La universidad ya había desarrollado este tipo de contratos con anterioridad?

“Sí, claro. Se habían realizado contratos interadministrativos anteriormente, pero en el momento no se están ejecutando porque para las entidades territoriales la Ley 80 fue modificada por la Ley 1150. Según la nueva normatividad, para celebrar estos contratos se tiene que verificar la existencia de la competencia por parte de la universidad, representada por lo menos en programas académicos.”

Ø La Contraloría también cuestionó estos contratos…

“En el informe de la Contraloría se cuestionaron los convenios interadministrativos para la capacitación de docentes, por una supuesta falta de competencia de la universidad. Pero, teniendo una Facultad de Educación que tiene la misma existencia del alma máter y que ha formada a más de ocho mil egresados, ¿no tiene la Usco competencia para formar docentes? Esto se cae de su peso.”

Ø Hay un hallazgo de la Contraloría que tiene carácter penal y se relaciona con el traslado de unos fondos de una cuenta a otra. ¿Qué pasó?

“La verdad, no entiendo la observación. Hace cerca de tres años trasladamos unos recursos en cumplimiento de una instrucción interna de la universidad. De una cuenta corriente se pasaron los fondos a una cuenta de ahorros para generar dividendos, mientras los recursos eran ejecutados. En su momento la Procuraduría y la Fiscalía determinarán si hubo dolo o no en ese procedimiento.”

Ø La Contraloría dice que no se tienen identificados proyectos por 778 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos recursos?

“Es uno de los aspectos más complejos de la auditoría. En el hallazgo se concluye que la universidad no hizo inversión social en educación superior. La educación por definición es inversión social y la universidad por naturaleza es educación superior.

Los recursos que llegaron por ese concepto, que era 2% de devolución de los recursos del Icfes tenían que ir a inversión. Y la universidad los ejecutó en eso. Ellos aseguran que tenían que ejecutarse en un proyecto específico. Esta fue una observación que se realizó a otras universidades. Nosotros no la compartimos porque no hay una norma, ni una ley, ni ninguna reglamentación que diga que los recursos de devolución se tienen que dedicar a proyectos específicos.”

Ø La calificación de la auditoría fue del 60.34, ubicado en el rango deficiente, y expresó que ustedes no le suministraron la información a tiempo. ¿Por qué?

“Hay que reconocer que en algunos casos hubo falta de diligencia de parte de algunos funcionarios, para la entrega de la información. Pero también la misma Contraloría no cumplió con su cartilla de auditaje, que establece que cada observación debe ser trasladada a la entidad por mínimo cinco días, para que en este plazo se conteste. Hubo un número importante de observaciones en los cuales no se dieron los cinco días. Hubo negligencia de la Controlaría.”

Ø Ustedes no ejecutaron una considerable cantidad de recursos, según la Contraloría, afectando la calidad de la educación en el alma máter. ¿Por qué se generó esta situación?

“Los recursos diferentes a las transferencias de la Nación, como por transferencia del Icfes, o del 2%, o del de descuento por votaciones, entre otros, son recursos que regularmente están llegando entre octubre, noviembre y diciembre; entonces sería para la universidad un inconveniente adicionarlos sin tener un proyecto para ejecutarlos. Lo que hace la universidad, es guardar esos recursos para adicionarlos al presupuesto siguiente.”

Ø Aseguran que dejaron de ejecutar recursos por 8.792 millones de pesos, casi el 47%. ¿Eso es cierto?

“Es cierto pero es normal en una institución como la nuestra. Precisamente porque muchos recursos llegan en el último trimestre del año y en la lógica de la ejecución uno podría pensar gastémonos esa plata, pero eso sería irresponsable. Lo responsable es ejecutar el presupuesto de manera planificada. A diferencia de otras entidades públicas, en las universidades, por tener autonomía presupuestal y financiera; esos recursos no se devuelven al presupuesto nacional, sino que quedan en la institución y pasan a la vigencia siguiente, en lo que se llaman recursos del balance para su ejecución.”

Ø Del rubro del área de investigaciones solo se asignaron 51.3 millones de pesos a la investigación y se distribuyeron 869 millones de pesos a otras áreas como construcción y mantenimiento de sedes.

“La observación de la Contraloría de que no se invirtió el 15% para investigación no es correcta. La universidad en el año 2011 invirtió entre el 17% y el 18% de sus recursos para investigación. Estaba por encima del requerimiento normativo.”

Ø La Contraloría aseguró que excedieron los incentivos a dos docentes y que eso generó un presunto detrimento patrimonial de 24 millones.

“No compartimos la observación de la Contraloría. El acuerdo a que hace mención dice que los incentivos no deben superar el 70% de la asignación anual salarial del docente. La Contraloría pidió unas certificaciones de salario mensual en la oficina de personal de un profesor de Psicología y otro de Comunicación Social. De acuerdo con esto, multiplicó por doce y eso lo consideró la asignación salarial mensual. Resulta que en realidad la cifra es mucha más alta porque en la asignación se incluyen las prestaciones sociales: primas, bonificaciones, vacaciones, entre otros. Si estos factores salariales se cuentan, porque hacen parte de la asignación salarial mensual, entonces no es cierto que ese 70% se hubiera superado. Por otro lado, esa observación nunca fue transmitida a la Universidad y, por lo tanto, no se tuvo la oportunidad de controvertirla o de aclararla. “

Ø La Contraloría aseguró que se generó un presunto daño patrimonial por 30 millones de pesos, por algunos anticipos que no se legalizaron con algunos contratistas. ¿A qué hace referencia exactamente?

“Son dos contratos del 2008 que se hicieron y tuvieron dificultades en su ejecución. Cuando la Contraloría elaboró el informe, era cierta la irregularidad, porque los anticipos no se habían legalizado, pero antes de finalizar el año, los problemas con esos contratos fueron solucionados.”

Ø También llama la atención el ente de control, por algunas cuentas bancarias que no se abrieron para el manejo de algunos convenios.

“En auditorías anteriores la Contraloría ha hecho observaciones en el sentido de que la Universidad tiene muchas cuentas, que por cada proyecto se abre una cuenta. Lo que para ellos en versiones anteriores, dificulta el control. La Universidad atendiendo esa observación de años anteriores, decidió resumir el número de cuentas y en el caso que llama la atención la Controlaría, es un convenio cuyos recursos fueron a parar a una de las cuentas de investigación y proyección de la Universidad, por eso no se abrió la cuenta adicional.”

Ø ¿Cuál es su opinión de la función de advertencia que emitió la Contraloría?

“Nosotros compartimos como universidad esa posición de la Contraloría. La función de advertencia se relaciona con el pago de estímulos a dos coordinadores por un proyecto de recuperación de cartera. La función de un coordinador no se limita al aspecto académico sino también, a la gestión financiera y administrativa correspondiente. De hecho, los estímulos no se han cancelado y compartimos con la Contraloría su visión.”

Ø Los Fondos Especiales fueron duramente cuestionados, ¿Existieron los controles requeridos?

“La oficina de Control Interno realizó 26 auditorías a los procesos de Fondos Especiales. Decir que no se está cumpliendo la misión funcional, porque los fondos no son universidad, no es cierto. Los Fondos Especiales son universidad, porque son un mecanismo en el que se descentraliza la ordenación del gasto en las facultades a través de sus decanos. No son fundaciones, organizaciones externas ni se manejan de manera externa. La universidad goza de autonomía. Esto le permite darse su propia organización y el Consejo Superior Universitario desde el año 2000, decidió organizar administrativamente las facultades a través de los Fondos Especiales, no es algo que se haya inventado en los últimos años.”

Ø ¿Por qué se manejan los postgrados por Fondos Especiales?

“Los postgrados se administran por fondos especiales porque son autofinanciados, no son subsidiados por el Estado, entonces eso permite separar los recursos de autofinanciación de los de subsidios del pregrado.”

Ø ¿Cómo está la cartera de la universidad?

“La universidad tiene un esquema para la recuperación de la cartera. Tiene los pasos normales como el cobro persuasivo, sino se cumple se pasa al cobro coactivo. Esto ha dado resultados. El volumen más importante está en Postgrados, que ya se ha venido depurando.”

Ø ¿Y en los pregrados?

“El problema del pregrado es más complejo. Un estudiante que deja de pagar dos o tres cuotas de un semestre, no regresa. Es una deuda de difícil cobro, porque un estudiante que se retiró de la universidad porque no tenía como pagar, es complejo que regrese a cancelar.”

Ø ¿Qué estrategia se podría utilizar para traer a esos estudiantes, que por su difícil situación económica suspenden sus estudios y aumentan los niveles de deserción?

“Hay muchos caminos. Los estudiantes tienen los programas de Bienestar Universitario. Aquellos que tienen mayores dificultades en el momento del pago son los estudiantes de estrato 1 y 2, especialmente. Desafortunadamente, muchos de ellos no hacen uso del crédito del Icetex, quizás por la experiencia de deudores anteriores, cuando era muy oneroso y en vez de ser una ayuda se convertía en un dolor de cabeza; pero eso cambió. El Icetex para estratos bajos es a cero el interés real, lo único que cobra es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, si el estudiante obtiene un promedio importante en su carrera, le hacen incluso el descuento hasta del ciento por ciento, si el examen Saber Pro es sobresaliente.”

Ø ¿Por qué se presentan las diferencias de saldos entre los sistemas financieros y el de matrículas?

“Es cierto. Es algo en lo que estamos trabajando para corregir desde hace algún tiempo. Hay un problema de interfase entre los dos sistemas. Para el sistema financiero, el Linix, un estudiante no es cartera, no es deuda, cuando el estudiante ha dejado de matricularse. En el sistema académico sí lo es, y ahí empiezan a presentarse diferencias en la información. Este problema lo estamos corrigiendo, desafortunadamente el sistema Linix es contratado y cualquier ajuste o cambio, exige muchos trámites.”

Recuadro: El detrimento de Jesús Antonio Motta Manrique

En el 2006 hubo una comisión de estudios a un docente de la Usco, con múltiples prórrogas y adiciones. La última se venció el 31 de diciembre de 2010. El contrato fue por 415 millones de pesos. ¿Cuál fue exactamente la situación que se registró?

“El caso se relaciona con el exdocente Jesús Antonio Motta Manrique. La norma existente en el momento, en el año 2006, establecía que las comisiones de estudios generaban un contrato anual. La comisión de estudios era una sola, sino que, para efectos del contrato, se hacían prórrogas anuales. El profesor cumplió dentro de los compromisos contractuales, con las dos primeras prórrogas. La tercera fue incumplida porque su compromiso era graduarse y vincularse con la universidad. Resulta que no hizo ni lo uno ni lo otro. Por la prensa tuvimos conocimiento de que el profesor tenía una condena penal. Inmediatamente nos comunicamos con la Fiscalía para que nos certificaran si eso era cierto. Se le comunicó al CSU, que estudió la situación y tomó la decisión de revocarle la comisión por los problemas legales que afrontaba el profesor. Como administración nos comunicamos con la Universidad en la cual él estaba estudiando, porque el rumor era que el profesor ni estaba matriculado ni estaba allá; porque supuestamente estaba huyendo de la justicia. La Secretaría General de la universidad, en Quebec (Canadá), respondió que el profesor sí estaba matriculado en un programa de doctorado de Ciencias de la Información. Procedimos a convocarlo para que se reincorporara a la universidad. El presentó una renuncia motivada, la cual no fue aceptada porque él tenía un compromiso de vincularse nuevamente con la universidad. Por lo tanto se inició un proceso administrativo para declararlo insubsistente, porque pasó el plazo para que se presentara en la universidad y no lo hizo.

Se hizo el debido proceso en tiempos y traslados. Se contestaron las observaciones que presentó y finalmente el proceso de desvinculación quedó en firme. El profesor perdió su vinculación con la universidad. Posteriormente se cobraron las pólizas que cubría su comisión de estudios, a la fecha se han recuperado 196 millones de pesos, por parte de la aseguradora que tenía cubiertos los contratos. La Contraloría dice en el informe que la falta de gestión de la universidad permitió que el profesor se insolventara, lo que hace imposible hoy en día recuperar los recursos. Cerca de la mitad de los recursos fueron recuperados vía póliza, pero esa observación tampoco es cierta. A raíz del informe de la auditoría, nosotros presentamos una solicitud a la Superintendencia de Notariado y Registro, para establecer los bienes que tenía el profesor. La respuesta fue que desde los años 70, él no tenía ningún bien registrado notarialmente. En este caso sí hubo un detrimento patrimonial causado por el profesor Motta, no por la Universidad. Él fue el que incumplió. Parcialmente hemos recuperado vía pólizas, importantes recursos de esta comisión.”

GINNA TATIANA PIRAGAUTA G.

LA NACIÓN, NEIVA